ONG PERUANAS REGISTRAN 19 CASOS ABIERTOS POR VIOLACIÓN SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Luego de once años de haberse entregado el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno siguen luchando por alcanzar justicia acompañadas por las organizaciones civiles que las patrocinan como lo son IDL, DEMUS, APRODEH y COMISEDH.  Según el registro de estas organizaciones, son 19 los casos abiertos en espera  de sentencia.

La CVR contabilizó 527 casos de violación sexual y presentó sólo dos dentro de los 47 casos emblemáticos a investigarse, sin embargo el número de víctimas, no sólo de violación sexual sino de violencia sexual en general, ha ido en progresivo aumento desde aquella época gracias a que más mujeres decidieron contar por la que habían pasado, por ello la mayoría de estos 19 casos no corresponden a los registrados en la Comisión de la Verdad.

Situación actual de las victimas de violación sexual en cuanto reparaciones económicas

Entre  ellos se encuentran los casos conocidos como Georgina Gamboa, Chumbivilcas, Capaya, Magdalena Montesa (MMMB), LQI,  el caso de la estudiante de la cantuta y el emblemático de Manta y Vilca.  Sin embargo, según Gisela Astocondor, abogada de APRODEH,  la mayoría de estos casos,  aproximadamente el  85 % de ellos, se encuentra en la etapa inicial del  proceso, es decir en investigación preliminar.

DEMUS  e  IDL  son las dos organizaciones  que patrocinan el caso de Manta y Vilca que tiene como agraviadas a tres mujeres miembros de un  misma familia que fueron violadas sexualmente por agentes del Estado. Luego de dos años de espera el proceso está a puertas del juicio oral, ‘’ estos procesos se encuentran pendientes de acusación fiscal, es decir está a punto de entrar a juicio oral, sin embargo el proceso es muy lento’’, precisó Mariel Távara psicóloga de DEMUS.

Por su parte, APRODEH defiende legalmente a las víctimas de tres casos de violación sexual en Ayacucho, un caso individual en Abancay, un caso en Lima y, por último, el ya mencionado caso Chumbivilcas.  De estos procesos, el único que se encuentra en etapa de juicio oral es el  de Chumbivilcas, este es uno de los pocos casos en donde ya se sabe el nombre del principal perpetrador conocido por ese entonces con el seudónimo del  teniente negro, el ahora acusado Alan Olivari Medina.  ‘’Nosotros estamos a espera de que el proceso de Capaya  y LQI de Abancay pasen a un proceso judicial, es decir a la segunda etapa, por delito de violación sexual ‘’, expresó  Astocondor.

Así mismo, luego de siete años de ser presentado, el caso emblemático de Georgina Gamboa respaldado por COMISEDH se encuentra en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos luego de ser admitido con un informe de admisibilidad,  ‘’el problema es que la señora fue violentada en diciembre de 1980 y recién un año después el Perú ratificó con la Corte, es decir al estar fuera de la etapa en la que el Estado había ratificado la competencia de la Corte no se pueden juzgar los hechos anteriores a 1981, sólo podría juzgarse el tiempo en el que Georgina estuvo detenida  e investigarse lo que ha hecho el Estado para averiguar la violación sexual ‘’ aseveró Diana Coz, abogada de COMISEDH

A diferencia de otros crímenes contra los derechos  humanos durante el conflicto armado interno, es sabido en el caso de violencia sexual no hay ninguna  sentencia, uno de los principales problemas que los abogados de estas ONG alegan es que no se le da la priorización debida a este caso porque las víctimas no están muertas ni desaparecidas, ‘’ si revisamos el último informe del periódico universal de las Naciones Unidas,  veremos que el Estado peruano ha hablado de reparaciones, búsqueda de desaparecidos, lo que se ha hecho por ellos , pero no se dice nada de lo se ha hecho por estas mujeres’’, expresó Astocondor.

Otro de los problemas que señalan es que el estándar de prueba para este tipo de juicios debería tener una perspectiva diferente, la Defensoría del Pueblo en sus informes señala que este es un gran obstáculo.  Existe un acuerdo plenario 1-2011 de la Corte Suprema que señala como se debe valorar el testimonio de una víctima violación sexual porque la exigencia de testigos o exámenes ginecológicos  como elemento probatorios  no son idóneos en este tipo de casos, sin embargo según Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los derechos de la mujer, no todos los jueces conocen dicho acuerdo y no se está implementando.

‘’Los jueces me piden que les traiga testigos, les llevaré las paredes de mi casa pues ellas son las únicas que vieron cuando la patrulla entró y me violó’’ expresa una agraviada ayacuchana patrocinada por APRODEH.

Estas organizaciones, además, coinciden en señalar que es urgente que desde el Estado se de una política que acabe con el encubrimiento cómplice de las Fuerzas Armadas quienes, hasta ahora, se niegan a revelar los nombres de las personas a cargo de resguardar las comunidades afectadas durante los años de violencia. En nuestro país, está establecido que las denuncias deben ser efectuadas con los nombres de los perpetradores, sin esos datos poco o nada se puede hacer .

 

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